Política y reserva voluntaria

31/01/2018 -

Tras la autorización concedida por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid para que el edil del Grupo Municipal Socialista, Antonio Miguel Carmona, pueda compatibilizar su cargo con el de Oficial del Ejército del Aire en la modalidad de reservista voluntario durante un periodo de activación, desde ASFASPRO nos vemos en la obligación de recordar que el artículo 132.1 de la de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar establece que los reservistas voluntarios tendrán condición militar siempre que se les active para incorporarse a las Fuerzas Armadas, debiendo cumplir las reglas de comportamiento del militar y estando sujetos a las leyes penales y disciplinarias militares.

Además, la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, en su artículo 52, dispone el régimen de derechos fundamentales y libertades públicas de los reservistas, entre otros:

“3. Podrán mantener su afiliación a organizaciones políticas o sindicales, pero quedará suspendida mientras se encuentren incorporados a las Fuerzas Armadas.

En consecuencia, todos los reservistas voluntarios deberán observar el cumplimiento estricto de la legislación vigente durante sus periodos de activación.

En otro orden de cosas, tras el acuerdo que se produjo el pasado 11 de diciembre de 2017 en el Senado para impulsar la Reserva Voluntaria, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, es necesario significar que el actual sistema no es bueno, como se afirma, y que hay que solucionar los muchos problemas del modelo de carrera de los suboficiales y la tropa y marinería antes de afrontar la pretendida reforma y potenciación de la Reserva Voluntaria.

No obstante, para la futura reforma, ASFASPRO considera fundamental modificar las condiciones de acceso a determinadas especialidades, cumpliendo unos requisitos básicos de preparación física e instrucción militar, y obligado fijar la correspondiente dotación económica que permita a los reservistas voluntarios participar en los diversos ejercicios de instrucción y adiestramiento con sus unidades de adscripción.

Si no se actúa con seriedad, lo que puede suceder es que se margine a los militares de carrera creando una estructura normativa diferente (como ya sucede con el actual modelo de Reserva Voluntaria y los militares de complemento) que permite a unos obtener ascensos y consideraciones que le son negados a los auténticos profesionales de la milicia, aun teniendo muchos más méritos o titulaciones universitarias. ¿Nos imaginamos que pudiera suceder algo parecido en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Bomberos, Administración civil, etc.? ¿O a un inspector de Hacienda, un abogado del Estado o un teniente de la Guardia Civil ejerciendo su profesión con 28 días de formación?

Por otro lado, claro que es factible el encaje más o menos inmediato de profesionales de la sanidad y de alguna otra rama del conocimiento en determinadas unidades de las Fuerzas Armadas, ¿pero de verdad podemos pensar que se puede enviar a zona de operaciones a un reservista del Cuerpo General de las Armas, con mando operativo y vidas a su cargo, con su actual grado de instrucción militar y exigencias psicofísicas? No podemos obviar que su incorporación al servicio lo es con los mismos derechos y deberes que el resto del personal militar y la ausencia de periodos de activación, adiestramiento y cursos de formación, además de la no obligación de superar unas simples pruebas físicas, convierte esta opción en una quimera o una temeridad.

Sin embargo, con los actuales presupuestos de Defensa solamente pueden mantenerse unas Fuerzas Armadas mal retribuidas y con muchas necesidades de medios materiales, señales evidentes de que la propuesta del Senado es un mero brindis al sol que no logrará cambiar el rumbo de la reserva descafeinada con la que se pretende sustituir las necesidades de personal que anteriormente facilitaba el servicio militar obligatorio, y tampoco contribuirá a fomentar la cultura de la defensa. Es necesario, por tanto, compromiso político, consenso de toda la sociedad y financiación. Tres factores fundamentales que escasean en la España del siglo XXI.

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