El Ministerio de Defensa está tramitando dos proyectos de reales decretos sobre ordenación de la enseñanza de formación y de ingreso y promoción en las Fuerzas Armadas que suponen un ataque en toda regla contra la Escala de Suboficiales.

Además de ignorar los graves problemas producidos en la enseñanza militar tras la entrada en vigor de la Ley 39/2007, de la carrera militar, y del consiguiente Real decreto 35/2010, de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas, con el que se aprobó el reglamento que ahora se pretende modificar, dichos proyectos incumplen flagrantemente el artículo 62.1 de la Ley 46/2015, de 14 de octubre (que modificó la Ley de la carrera militar), el dictamen de la subcomisión para el estudio del régimen profesional de los militares de tropa y marinería y las recomendaciones incluidas en el informe sobre enseñanza del Observatorio de la vida militar.

Desde ASFASPRO venimos denunciando desde nuestra fundación, al parecer con poco éxito, las situaciones de inseguridad jurídica y arbitrariedad que estamos viviendo muchos miembros de las Fuerzas Armadas, con mucha más intensidad los suboficiales.

Como suele ser habitual, han comenzado a publicarse las sucesivas convocatorias de acceso a los distintos cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas1. Como vergonzoso ejemplo del sinsentido en el que se ha convertido la promoción interna en esta institución jerarquizada, disciplinada y unida, están los límites de edad que se aplican a civiles y a militares, por obra y gracia de distintas sentencias de los tribunales de justicia2 y por la inacción o falta de voluntad de los sucesivos gobiernos y responsables del Ministerio de Defensa, que no han encontrado hueco en su apretada agenda para corregir algo que sería un auténtico escándalo en cualquier otro grupo de ciudadanos.

LEY 17/1989: FLAGRANTE INCUMPLIMIENTO DE LAS LEYES DE INGRESO E INSEGURIDAD JURÍDICA

promocion suboficial 240419.1En el año 1989 los suboficiales no dimos la suficiente importancia a la aprobación de la Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional, que eliminó expectativas y derechos ampliamente consolidados e incluidos en las leyes vigentes hasta la fecha, además de modificar muy significativamente nuestra carrera profesional sin establecer periodos transitorios en algunos casos e insuficientes en otros. Dedicados de lleno al cumplimiento de nuestros cometidos e ingenuamente confiados en que el Estado velaba por nuestros intereses profesionales1 no presentamos la necesaria batalla ante una ley que pasó por encima de los principios de buena fe y de confianza legítima generando gran frustración e inseguridad jurídica a todos los componentes de nuestra escala.

De todas formas, para no desanimar a nadie a su lectura, hay que decir que no tenemos la intención de repetir en este artículo todos los agravios, arbitrariedades y disparates que se han producido después de la entrada en vigor de ésta y las sucesivas leyes de personal que fueron aprobadas con posterioridad, porque ya han sido meticulosamente documentados en numerosos informes y relatados en más de una ocasión en el Congreso de los Diputados o, más profusamente, en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, sino la de visibilizar el continuo maltrato y el doble rasero que está utilizando la Administración para medir el valor humano y profesional de los suboficiales de las Fuerzas Armadas en relación con el resto de militares y otros servidores públicos. Ante esta realidad, como venimos denunciando de manera infatigable, indigna sobremanera cuando nos vemos obligados a contemplar como pasan por agraviados todos aquellos que han visto mejorada su carrera militar con la entrada en vigor de cada nueva ley.

El gabinete jurídico de ASFASPRO ha conseguido sentencia estimatoria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que obliga al Ministerio de Defensa a abonar al Subteniente D. Agustín Aznar Sánchez, del Ejército de Tierra, el componente singular del complemento específico por el puesto de trabajo desempeñado de forma interina como Suboficial Mayor de la Brigada de Caballería “Castillejos II”, del Batallón de Zapadores XXII. La cuantía total asciende a 1.221,09 € más los intereses legales correspondientes.

El Tribunal vuelve a incidir, como en sentencias anteriores1, en que los complementos están referenciados al puesto de trabajo realmente desempeñado, de tal manera que, si el recurrente lo ejerció durante el periodo de tiempo que menciona, y así lo acredita suficientemente, es indudable que tiene derecho al percibo de los mismos, aunque tal ejercicio hubiese sido mediante adscripción provisional o sin nombramiento formal alguno, esto es como situación meramente de hecho.

El próximo jueves, 11 de abril, tendrá lugar en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) la presentación del nuevo libro del Teniente del Ejército de Tierra (Res.) D. Jerónimo F. Naranjo García“Los Suboficiales del Ejército del Aire”. Con los pies en la Tierra y la mirada en el Cielo (1939-1999).

El autor, miembro de la II Promoción de la AGBS, licenciado en Historia y doctor en Paz y Seguridad, D. Jerónimo F. Naranjo García, fue el ganador de la tercera edición del Premio “In Memoriam Mª Manuela (Mané) González-Quirós" y el año pasado presentó en el CESEDEN “Los Suboficiales del Ejército de Tierra: La memoria de los olvidados 1931-1999”. 

 

ACTO: Jueves, 11 de abril, en el CESEDEN ( Paseo de la Castellana, 61, Madrid) a las 18:00 horas. 

Recientemente, se han publicado dos órdenes ministeriales:

  • Orden Ministerial 13/2019, de 28 de marzo, que modifica la Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril, por la que se establece el procedimiento y las normas objetivas de valoración de aplicación en los procesos de evaluación del personal militar profesional.

Cuando todavía resuenan los ecos de la entrega y profesionalidad demostrada por los militares de la Brigada Galicia VII durante el ataque al centro de adiestramiento de Kuolikuoro en Malí, y de su aprovechamiento mediático por parte del Ministerio de Defensa, entramos en periodo electoral y su correspondiente mercadeo… Sin embargo, no hay dinero para los militares.

El gobierno actual, de igual manera que el anterior, prosigue con la equiparación salarial de policías y guardias civiles con los miembros de las policías autonómicas, agrandando todavía más la brecha retributiva con los componentes de las Fuerzas Armadas, y aprobando, además, medidas de mejoras retributivas y profesionales para otros colectivos, como la anunciada el viernes pasado para el personal laboral de la Administración General del Estado.

El pasado día 20 de febrero se publicó en el BOE la Orden PCI/154/2019, de 19 de febrero1, que recoge el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 2018, por el que se aprueban instrucciones para actualizar las convocatorias de pruebas selectivas de personal funcionario, estatutario y laboral, civil y militar, en orden a eliminar ciertas causas médicas de exclusión en el acceso al empleo público.

Se justifica la aprobación de esta Orden en que los poderes públicos, conforme a lo que establece el artículo 14 de la Constitución, deben asumir la obligación de impulsar todas las medidas necesarias para la aplicación efectiva del principio de igualdad, especialmente en aquellas áreas que, como el empleo, favorezcan la integración de los ciudadanos en todas las esferas de la vida económica, política, social y cultural y, singularmente, en el empleo público,  que ha demostrado ser una eficaz herramienta  para  favorecer la movilidad social y la igualdad entre todos los ciudadanos.

En el mes de marzo se cumplirán cuatro años de la publicación en nuestra web de un artículo en el que resumíamos la promoción de los suboficiales como una carrera de obstáculos1. Durante todo este tiempo ha quedado patente la nula voluntad de la Administración y los grupos políticos para corregir una normativa que ha dejado a los suboficiales de las Fuerzas Armadas en una situación injustificable de “apartheid profesional”, inexistente en cualquier otro grupo de empleados públicos. Estamos, aunque con tintes más dramáticos, como la anécdota del banco pintado ante el que Napoleón Bonaparte ordenó poner un centinela que fue mantenido en el tiempo sin que se generase discusión alguna sobre los motivos de su continuidad, pues una legislatura tras otra los distintos equipos ministeriales se van pasando la pelota de la inacción sin querer asumir ninguna responsabilidad para cambiar una legislación que discrimina y separa. Mientras tanto ajo y agua para los suboficiales, además de una buena dosis de frustración. Pero lo que realmente nos indigna es que nadie se ha atrevido a implantar un sistema tan segregacionista o restrictivo en otros ámbitos de la Administración, ni siquiera en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de carácter similar a las Fuerzas Armadas (por más que lo nieguen algunas autoridades del Ministerio de Defensa), siendo la respuesta más evidente la de que están protegidas por el Estado de Derecho y su aplicación sería rechazada de plano por todos los grupos políticos, las instituciones y la sociedad civil. ¿Por qué entonces se sostiene una legislación tan lesiva para la carrera militar de los suboficiales?   

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