La Asociación de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (ASFAS) ha publicado en su página web la carta que han remitido al Presidente de la Comisión de Defensa en el Congreso y que publicamos integramente por considerarla de interés.

En España, los principios de legalidad y justicia transcurren a veces por caminos diferentes, pero en lo que a los suboficiales de las FAS se refiere éstos son totalmente divergentes. Para que una Ley sea legal, tan sólo necesita ser aprobada por el Congreso y publicada en el BOE, pero para que sea justa hace falta algo más.

Sirvan como ejemplo las tres últimas leyes de la carrera militar promulgadas, aprobadas por amplia mayoría y casi por unanimidad la actualmente en vigor, en las que principios de Irretroactividad, Seguridad Jurídica, Buena Fe y Confianza Legítima han brillado por su ausencia, cercenado expectativas marcadas por ley conseguidas tras la aprobación de una oposición y posterior superación de los planes de estudios correspondientes.

El experto jurista D. Ignacio Arias Díaz los define claramente en un artículo publicado en octubre de 2009:

“El fundamento del principio de confianza legítima que exige que las autoridades y la Administración sean fieles a sus propios actos o a su propia conducta anterior, radica en la exigencia de la más elemental seguridad jurídica que deriva, a su vez, de la existencia del Estado de Derecho. Los ciudadanos poseen el derecho a prever y ordenar pro futuro su trayectoria vital. Que el Derecho garantice un mínimo de estabilidad sobre la cual construir un proyecto personal o profesional sin que los cambios súbitos, inaudita parte, y sin fundamento legal alguno, supongan trastornos en las relaciones jurídicas ya entabladas, ni cambios en las expectativas jurídicas creadas. Jurídicamente implica la prohibición de ir contra los propios actos (Lorenzo de Membiela, 2005).”

 

El catedrático de Derecho Administrativo D. Francisco López Menudo por su parte los resume de forma clara y concisa en el texto siguiente:

“Toda modificación del ordenamiento jurídico, de las situaciones ya consolidadas, genera una situación de riesgo colectivo; riesgo para el destinatario de la norma, de la modificación, que puede ver frustradas bruscamente las seguridades que creía tener ganadas, seguridades quizás obtenidas con el esfuerzo permitido e incluso alentado por legislaciones anteriores, por el propio organismo en el que se prestan servicios; y riesgo, también, aunque de otra naturaleza, para el propio creador de la norma, para el autor de la modificación, pues sus posibles veleidades en esta materia acaban minando su propia auctoritas, ya que no puede inspirar confianza quien de modo inconstante pretende quitar hoy lo que ofreció ayer o no cumplir mañana las promesas de hoy”.

La Ley 39/07 de la Carrera Militar (en adelante LCM), se ha encargado de demostrar el craso error que significa legislar sin tener en cuenta la opinión de los afectados. A pesar de nacer con un gran consenso, desde su entrada en vigor el 1 de enero del 2008, ha dejado evidencia manifiesta de sus carencias. Viendo el resultado de su aplicación, esta ley, que en lo que a los suboficiales se refiere, ha ignorado o conculcado principios tan importantes para nuestra institución como los de jerarquía, mérito y capacidad, justicia, etc. y valores fundamentales como tradición, honor, lealtad y sacrificio, primordiales en cualquier ejército, estamos en condiciones de acreditar que la situación en la que nos encontramos los suboficiales en la actualidad es legal, pero a todas luces injusta.

Se han efectuado y se siguen proponiendo, numerosas modificaciones a la LCM aprovechando diversas tramitaciones legislativas. Desde su entrada en vigor se han presentado gran cantidad de enmiendas por todos los grupos de la Cámara, que culminaron en el mandato legal establecido en la LODDFAS que disponía la modificación del régimen transitorio de esta ley. A pesar de que consideramos que la reforma de la LCM debe ser integral, esta imposición legal fue recibida por los suboficiales con gran esperanza, ya que después de tantos años de carencias profesionales y personales, percibir el carácter receptivo que parecían reflejar los distintos grupos políticos de la Cámara a nuestras peticiones de justicia, nos hacía albergar esperanza en un cambio positivo.

Pasados más de quince meses desde la entrada en vigor de la LODDFAS, todavía no se ha iniciado el trámite legal dispuesto en la Disposición Final 12ª de la Ley Orgánica 9/2011 de Derechos y Deberes, que ordenaba:

En el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados un proyecto de Ley para la reforma del régimen transitorio de la Ley de la carrera militar, tras la experiencia adquirida en su aplicación. A estos efectos, la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados emitirá un dictamen con carácter previo, que aborde los diferentes elementos del período transitorio de la Ley, en particular los referidos a la promoción y cambio de escala, régimen de ascensos, antigüedad, pase a la situación de reserva y reconocimientos académicos de la formación adquirida, así como al retiro del personal discapacitado, considerando, en su caso, los correspondientes efectos económicos.”

En un principio se aceptó un retraso prudencial por lo inmediato de las últimas elecciones en relación a los plazos establecidos. Hoy, camino del año y medio transcurrido innecesariamente, dudamos de la voluntad del legislador de modificar la LCM, haciendo caso omiso del mandato dispuesto en la Ley Orgánica 9/2011.

Ante esta situación, debemos manifestar nuestro malestar al constatar, por una parte, la falta de hechos que pongan de manifiesto el entendimiento y apoyo que el Grupo Parlamentario Popular, actualmente en el poder con mayoría absoluta, ofreció a nuestras propuestas cuando se encontraba en la oposición y por otra, que partidos como el propio PSOE, que ahora se encuentra en la oposición, presenten enmiendas que podrían haber sido llevadas a la práctica si hubiese habido verdadera voluntad política cuando tuvieron la responsabilidad de gobernar en la pasada Legislatura.

Llegados a este punto, podemos afirmar que también se ha conculcado el Principio de Legalidad que supone el sometimiento pleno de la Administración a la ley. No hay pues Seguridad Jurídica, ya que no solo se mantienen leyes injustas, sino que además se hace caso omiso a lo ordenado por la propia Ley Orgánica a la que hacemos referencia.

Los militares, por su específica condición, asumen enormes cargas y limitaciones familiares, personales y profesionales, que no soporta ningún otro colectivo en la Administración. Las Fuerzas Armadas llevan a cabo tareas muy exigentes en escenarios extremos, con un alto riesgo para la integridad física de sus componentes que llega incluso al máximo sacrificio de la propia vida en cumplimiento de la misión como se ha demostrado en numerosas ocasiones; y sirva como ejemplo más reciente la pérdida del Sargento David Fernández Ureña (qepd) destacado en Afganistán. Nosotros sí cumplimos nuestros compromisos.

Estamos convencidos de que en un futuro no muy lejano deberá abordarse una profunda modificación de la LCM, que permitirá adaptar las Fuerzas Armadas al nuevo horizonte que se dibuja, pero este hecho no puede ser motivo de la actual inacción.

No entendemos por qué nuestros responsables políticos eluden su compromiso, retrasando la modificación integral del Régimen Transitorio de la Ley de la Carrera Militar ordenada en la LODDFAS, mientras se sigue utilizando, también en esta legislatura, el subterfugio de modificar determinados aspectos de esta ley, aprovechando la entrada en vigor de otras leyes. Curiosamente, no se utiliza esta puerta trasera para afrontar los problemas que venimos padeciendo y denunciando los suboficiales; si el criterio del legislativo es este, propondremos aprovechar la próxima tramitación de la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario para introducir modificaciones en la LCM que solucionen nuestra situación, aunque lo más fácil sería cumplir la ley.

Permitir que entren en vigor las nuevas plantillas de personal sin que se hayan modificado disposiciones transitorias como la séptima y octava, que afectan directamente al pase a la reserva de los miembros de las Fuerzas Armadas, es un grave error que afectará negativamente a la regulación efectiva y necesaria de la pirámide de personal y a la trayectoria profesional de los militares de carrera.

Para finalizar, solo pedimos respeto y consideración, y que el legislador se ponga manos a la obra para propiciar que legalidad y justicia paseen de la mano por el mismo camino, consiguiendo de esta manera que se pueda cumplir el espíritu del artículo 18 de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas:

“Propiciará, con su actuación, que la justicia impere en las Fuerzas Armadas de tal modo que nadie tenga nada que esperar del favor ni temer de la arbitrariedad.”

Atentamente,

Pedro Amador Romero

Presidente de ASFAS

El 1 de enero de 2008 no fue un buen día para los suboficiales. Si las leyes de personal 17/1989 y 17/1999 truncaron las expectativas de carrera y las trayectorias profesionales de miles de militares, la entrada en vigor de la Ley 39/2007 de la carrera militar agravó, todavía más si cabe, una alarmante ausencia de seguridad jurídica.

La mala aplicación de la misma, provocó situaciones arbitrarias e injustas descritas ampliamente en nuestros informes. Pasó por encima de principios tan importantes en las Fuerzas Armadas como los de jerarquía, antigüedad, mérito y capacidad y, en un plazo extremadamente corto desde su entrada en vigor, tuvo que ser sometida a varias reformas legislativas.

Sin embargo, la presentación de varias Proposiciones no de ley en el año 2009 –Grupo Popular, Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Grupo Mixto– que identificaban los problemas, que aportaban soluciones factibles y que proponían un cambio urgente de la Ley, hizo que la ilusión brotase de nuevo entre todos los militares afectados. Sirva como ejemplo una parte del texto de la que fue presentada por el Grupo Parlamentario Popular:

“Todo lo antedicho es solo una muestra de las intenciones de la Ley. Dieciséis meses después de su entrada en vigor perviven múltiples disfunciones, agravios y contradicciones que es necesario y urgente solucionar; que son expuestos una y otra vez, por los afectados; que están provocando gran malestar y a los que el Gobierno, da la callada por respuesta.

Con especial preocupación constata el grupo Parlamentario Popular que, en cuanto a los suboficiales la situación es de máxima gravedad por los numerosos agravios sufridos, las expectativas de carrera truncadas y las escasas expectativas de futuro que actualmente tienen las escalas de suboficiales. Es urgente dar solución, entre otras cuestiones, a los agravios que provoca la eliminación del ascenso a oficial por promoción interna; el retraso sucesivo de las edades de pase a reserva; la asignación de nuevos cometidos sin la asignación correspondiente de sueldo ni reconocimiento de categoría; los agravios en los ascensos a teniente y sus retrasos; el colapso de la escala con la pirámide de personal descompensada; la falta de límites de empleo en la mayoría de casos de prestación de servicios o la pérdida de especialidad, entre otras cuestiones.”

En sesión de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, de 18 de noviembre de 2009, se rechazó la proposición del Grupo Parlamentario Popular y las otras dos fueron retiradas por sus respectivos autores, quedando únicamente como fruto de tantas buenas intenciones una enmienda transaccional, cuyos preceptos solo se cumplieron parcialmente para modificar algunas cuestiones que afectaban a la Escala de Oficiales.

Por tanto, a nadie le debe extrañar que los suboficiales pensemos, de manera casi generalizada, que se ha venido legislando en contra de nuestra carrera militar, sin tener en cuenta, en ningún caso, los principios de Buena Fe y de Confianza Legítima.

Inestabilidad, desmoralización, frustración y cansancio son palabras que definen perfectamente el estado actual de nuestra Escala.

El día 1 de octubre de 2011 entró en vigor la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, cuya disposición final duodécima establecía un plazo de seis meses para que el Gobierno remitiera al Congreso de los Diputados un proyecto de ley para la reforma del régimen transitorio de la Ley de la carrera militar. Además, encomendaba a la Comisión de Defensa la elaboración de un dictamen con carácter previo, que abordara los diferentes elementos del período transitorio de la ley.

Es verdad que ha habido unas elecciones generales y un cambio de Gobierno por medio, pero también lo es que la Comisión de Defensa ha celebrado 12 sesiones desde su constitución, el día 17 de enero, y ha permanecido muda ante el flagrante incumplimiento de una Ley Orgánica. Los suboficiales nos preguntamos, ¿por qué el Grupo Parlamentario Popular no solicitó la creación de la Subcomisión de Reforma del régimen transitorio de la Ley de la carrera militar, hasta el día 20 de noviembre?

El Congreso de los Diputados no se reunirá en sesión ordinaria hasta el mes de febrero; la Comisión de Defensa debe acordar someter al Pleno la aprobación de la Subcomisión, éste debe aprobarla y después la Subcomisión dispone de seis meses prorrogables para la realización de sus trabajos. Teniendo en cuenta que en julio y agosto no hay actividad parlamentaria, el dictamen de la Subcomisión quedará para finales de 2013. Posteriormente, el Gobierno elaborará un proyecto de Ley y tras su tramitación vendrá su aprobación que, mucho nos tememos, será a finales de 2014 o principios de 2015. Esta es la cruda realidad que nos espera, claro que, gracias al evidente retraso de las medidas correctoras, se reducirá ostensiblemente el número de suboficiales afectados, pues éstas no llegarán a tiempo para los que fallezcan o pasen a retiro por insuficiencia de condiciones psicofísicas.

Para nosotros ya no valen excusas, nos sentimos engañados y la pérdida de confianza en quiénes debían velar por nuestros intereses es absoluta. Una vez más, vuelven a dar la espalda a los militares que han sufrido personalmente la vulneración de su derecho a una carrera digna.

Por otro lado, la Constitución obliga a los poderes públicos a someterse al ordenamiento jurídico. Su incumplimiento provoca injusticia, restricción de derechos, corrupción y arbitrariedad.

Señorías, no podemos esperar al año 2015 para terminar con los agravios y las escasas expectativas de futuro: la devaluación del suboficial es un problema de urgente solución. El trabajo es grande y apremiante; retrasarlo contribuirá a defraudar no sólo los legítimos intereses de los militares sino también, y más grave, la preocupación creciente del pueblo español por el contexto en el que se desarrolla nuestra política de seguridad y defensa.

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comisión de Defensa en el Congreso de los Diputados, Agustín Conde, ha enviado este jueves una carta al presidente de la Cámara, Jesús Posada, para pedirle que inicie los trámites para constituir el Observatorio de la Vida Militar, cuyos miembros serán elegidos por las Cortes, han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

Este organismo, cuya creación es un mandato de la Ley de Derechos y Deberes de los militares, debería estar en funcionamiento desde el pasado mes de abril, seis meses después de que la citada ley entrara en vigor. Sin embargo, su constitución sigue pendiente.

En concreto, el Congreso deberá elegir a cinco de los nueve integrantes del nuevo organismo, mientras que el Senado deberá designar otros cuatro. Todos serán elegidos para un mandato de cinco años.

"PERSONALIDADES DE RECONOCIDO PRESTIGIO"

Según establece la ley, sus miembros deben ser "personalidades de reconocido prestigio" en el ámbito de la defensa, de los recursos humanos o de "derechos fundamentales y libertades públicas", que no recibirán retribución por su pertenencia al Observatorio.

Serán nombrados por mayoría absoluta y además deben contar con el apoyo de "al menos" tres grupos parlamentarios en cada Cámara. El presidente será elegido "entre ellos mismos".

Entre sus funciones están las de elaborar, de oficio o tras una petición, informes y estudios sobre el régimen de personal y las condiciones de vida de las Fuerzas Armadas, así como proponer medidas que ayuden a la conciliación de la vida profesional, personal y familiar de los militares.

Además, deberá conocer los informes y actas del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, un organismo también de nueva creación que tampoco está en marcha todavía, pese a que los plazos que se establecieron para su constitución también se han cumplido ya.

REFORMA DE LA LEY DE LA CARRERA MILITAR

Por su parte, la Comisión de Defensa también ha decidido este jueves, durante una reunión de la Mesa y la Junta del órgano, constituir ya la subcomisión que se encargará de elaborar un dictamen sobre la reforma de la Ley de la Carrera Militar, también un mandato pendiente de la Ley de Derechos y Deberes de los militares.

Según han indicado fuentes parlamentarias, en la primera reunión de la Comisión de Defensa del Congreso tras el receso estival, que tendrá lugar el próximo 10 de octubre, se aprobará solicitar al Pleno de la Cámara la constitución de esta subcomisión.

Su dictamen deberá abordar los diferentes elementos del periodo transitorio de la ley, en particular los referidos a la promoción y cambio de escala, régimen de ascensos, antigüedad, pase a la situación de reserva y reconocimientos académicos de la formación adquirida, así como al retiro del personal discapacitado.

Fuente: EuropaPress

En la mañana del día 20 de junio, los presidentes de ASFAS y ASFASPRO acompañados del vicepresidente 2º de esta última asociación, se reunieron con miembros del Grupo Socialista de la Comisión de Defensa, encabezados por el diputado D. Luis Tudanca, para hablar sobre la posible reforma de la Ley 39/2007 y su régimen transitorio.

El envejecimiento de la Escala, los suboficiales que pueden quedar retenidos o postergados para el ascenso, la necesidad de modificar las condiciones de pase a la reserva, la disposición transitoria séptima y las pocas posibilidades de promoción que tenemos en la actualidad ─debido a los límites de edad, al no reconocimiento de la mayoría de nuestras titulaciones universitarias y a los largos períodos de formación que se nos ofrecenfueron los principales temas tratados en la reunión, aunque no los únicos.

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