10/12/2018 -

Desarrollo, evolución, avance o mejora son sinónimos de progreso, inherente a la condición humana y a lo que entendemos por civilización en una de sus denominaciones más importantes. Por este motivo, en pleno siglo XXI, a nadie le debería extrañar que una asociación profesional defienda, precisamente, los intereses económicos, profesionales y sociales de sus socios o del colectivo al que pertenecen, sobre todo cuando hay pruebas contundentes de que están en grave riesgo o en constante retroceso. En el caso concreto de los suboficiales de las Fuerzas Armadas se da la triste paradoja de que las antiguas leyes de personal de los Ejércitos y la Armada, vigentes hasta el año 1989, nos otorgaban una mejor carrera profesional que las actuales. Disponíamos hasta entonces de buenos sistemas de promoción interna o, lo que es lo mismo, mayor reconocimiento y motivación, factores fundamentales en cualquier empresa o institución.

Ante esta verdad incómoda para los arquitectos de las Fuerzas Armadas del siglo XXI hay quienes se atreven a afirmar, con mucha simpleza y desprecio a la labor callada que los militares realizamos diariamente, que “el simple transcurso de los años” no puede suplir al mérito y la capacidad. Podemos estar de acuerdo, pero lo que no es de recibo es que, treinta años después del inicio del proceso de profesionalización, la carrera profesional de los suboficiales no es que no haya evolucionado, sino que ha retrocedido hasta niveles anteriores a la Ley Azaña. Aunque la realidad de la sociedad española es bien distinta a la de aquella época, no exageramos cuando efectuamos tal afirmación. ¿Por qué?

Porque si miramos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya modernización ha sido paralela a la de las Fuerzas Armadas, al tratarse de organismos armados y jerarquizados, podemos comprobar que se les ha otorgado todo lo que se nos niega reiteradamente a la mayoría de los militares: reconocimiento profesional, titulaciones del sistema educativo general acordes con las exigencias de formación académica, profesional o de perfeccionamiento, óptimos sistemas de promoción interna, mejores condiciones de vida y conciliación, requisitos para la reserva o jubilación anticipada que tienen en cuenta la singularidad de su profesión y, sobre todo, unas retribuciones acordes con la misma, aunque esto último se haya producido recientemente en determinados casos.

Sin embargo, en una sociedad tan políticamente correcta como la actual, tan mal acostumbrada a mirar para otro lado frente a problemas reales o molestos, sabemos que corremos el riesgo de ser criticados por levantar la voz ante lo que nosotros consideramos arbitrario, discriminatorio e injusto, pero es nuestro deber como asociación profesional el hacer públicas nuestras quejas y denunciar la marginación evidente de la profesión militar. Para demostrarlo podríamos hacernos muchas preguntas, pero estas ya son suficientes para sostener nuestros argumentos:

¿Por qué en este año 2018 ha habido disponibilidad de 500 millones de euros para la equiparación salarial de policías y guardias civiles con los policías autonómicos y no se han encontrado 14 millones para proceder a la modificación del Reglamento de Retribuciones de las Fuerzas Armadas, paralizado por el ministerio de Hacienda desde el año 2015?

¿Por qué hay otra partida de 500 millones de euros en los presupuestos generales de 2019 destinada a la mejora retributiva de policías y guardias civiles y ninguna para los militares?

¿Por qué los policías autonómicos y locales pueden optar a la jubilación anticipada con el 100% al cumplir 59 años de edad, tras la aplicación de los mismos coeficientes reductores que se nos niegan a los militares?

¿Por qué un suboficial de las Fuerzas Armadas tiene que permanecer cinco años más en una academia militar si quiere ser oficial, como si accediera desde la vida civil?

Como dice la canción, y como viene sucediendo habitualmente, las respuestas a estas y otras preguntas que formulamos deben estar en el viento, porque la triste realidad es que todavía ninguna autoridad política o militar ha querido responderlas. De hecho, tras las múltiples excusas o silencios que recibimos a nuestras propuestas o demandas, casi llegamos a pensar que los poderes legislativo y ejecutivo de nuestra Nación consideran que los militares vamos a las zonas de operaciones de vacaciones o que nuestro adiestramiento y los ejercicios en bases y campos de maniobras son actividades de ocio y divertimento al aire libre, exentas de penosidad o peligrosidad, no como las que realizan nuestros compañeros de las FCSE y algunos otros empleados públicos.

Por todos estos motivos, suena a broma o como un brindis al sol la afirmación de la Sra. Ministra de Defensa, en la presentación del calendario de 2019 del Ejército de Tierra, que “lo que hacen nuestras Fuerzas Armadas es impagable”. Es decir, que no se puede pagar. Pero claro, como nuestra labor es impagable, no hay dinero para nosotros. No se hace nada para mejorar nuestras nóminas ni tampoco nuestra carrera profesional, pero lo cierto es que tampoco hay la voluntad necesaria para revertir la injusta situación que nos priva de un puesto digno en la sociedad acorde a nuestro trabajo, esfuerzo y preparación.

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