Desde hace unos meses el ministerio en funciones pretende activar un procedimiento para conocer el listado de afiliados de cada asociación. Según afirmó el Subsecretario de Defensa en el último pleno del Consejo de Personal no iban a renunciar a ello.

Para tener representación en el Consejo de Personal las asociaciones profesionales de militares deben disponer de un porcentaje mínimo de afiliados respecto de los efectivos de las Fuerzas Armadas. No hay votaciones de representantes, como ocurre en la Guardia Civil, en la Policía Nacional o en cualquier otro ámbito.

Esta carencia democrática permitiría tener presentes en el Consejo hasta 100 asociaciones, llegado el caso, todo un despropósito imposible de gestionar. Tampoco es baladí que actualmente el número de representantes o asientos por asociación en el Consejo es el mismo tanto si la asociación tiene 1.000 como si tiene 100.000 afiliados. También es conocido que las asociaciones profesionales no reciben ningún tipo de subvención o ayuda económica1, independientemente del número de socios. En definitiva, en la normativa vigente no hay ventaja alguna en atesorar, una vez superado el porcentaje mínimo, más o menos afiliación.

Las asociaciones profesionales deben acreditar anualmente mediante una declaración responsable el número de oficiales, suboficiales y militares de tropa que son miembros de la asociación y que a 31 de diciembre no tienen la condición de militar en suspenso. Por tanto, las asociaciones no ceden en ningún caso un listado con nombres, apellidos y DNI´s de afiliados, sólo tienen la obligación legal de dar números.

Un militar solo puede pertenecer a una asociación. Si cree que puede estar afiliado a dos asociaciones porque ha peregrinado de una a otra, tan sólo tiene que solicitar un documento o correo justificativo de baja al órgano de gobierno de la correspondiente asociación.

Las declaraciones responsables están sujetas al artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las Administraciones podrán requerir en cualquier momento que se aporte la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos y el interesado deberá aportarla, pero obviamente siempre con sujeción al resto del ordenamiento jurídico.

 

¿Cómo pretende el ministerio que las asociaciones profesionales acrediten los números?

Entregando el listado de DNI´s de los socios al ministerio para su cotejo. El progresista equipo ministerial del PSOE quiere saltarse los artículos 18 y 105 de la Constitución, la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y las garantías fundamentales que promulga la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

El ministerio olvida que el afiliado tiene el derecho legal a no declarar su pertenencia a una asociación legalmente constituida y que las asociaciones profesionales tampoco pueden exigírselo ni pueden aportar los datos del socio que este no le haya autorizado previamente a cederlos a terceros. Los datos personales no pueden ser cedidos sin el consentimiento expreso del socio.

Por tanto, si el socio no quiere declarar su afiliación ni quiere ceder sus datos, ¿qué datos pueden facilitar las asociaciones profesionales? ¿cómo acreditar el cumplimiento de los requisitos?

Es fácil concluir que el establecimiento de elecciones de representantes, con el consiguiente cambio de la Ley de derechos y deberes, eliminaría el problema. El voto libre, directo y secreto de todos los miembros de las Fuerzas Armadas es el que debe otorgar representatividad y legitimidad.

También cabe el ejemplo de la orden ministerial sobre subvenciones de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil2, en la que el Ministerio del Interior exige un documento notarial acreditativo del número de afiliados, salvaguardando sus identidades. Si para un colectivo de naturaleza militar es válido un documento notarial, ¿por qué no lo es para otro?

Y aquí llegamos al nudo gordiano de la cuestión. Pertenecer a una asociación profesional todavía no está bien visto en muchos ámbitos de la institución.

Conviene recordar que la propia Ley de derechos y deberes prohíbe a las asociaciones profesionales las reuniones informativas y el uso de locales en las unidades, hasta hace poco tiempo había censura previa de las comunicaciones que las asociaciones colgaban en los tablones de anuncios, que hay tablones que no reúnen las condiciones adecuadas, que varios representantes asociativos han sido sancionados en el ejercicio de su actividad3, que para ocupar determinados destinos se interroga por la afiliación a asociaciones, que un documento interno del Jefe de las Fuerzas Terrestres equiparó asociacionismo y yihadismo4, que se impidió a ASFASPRO la publicación de un anuncio publicitario en una revista digital del ministerio, que hace pocos meses no se autorizó a que las asociaciones profesionales se reunieran con los medios de comunicación en la Delegación de Defensa de Madrid5, que se impide la colaboración de las asociaciones en carreras cívico-militares6, sin olvidar que el ministerio incumple acuerdos7 del Consejo de Personal o trata de evitar la actuación legalmente reconocida8 a este órgano.

Con esta realidad no se puede pretender que el militar quiera dar a conocer su afiliación. Quiere estar asociado, pero que no lo sepan sus jefes de los que dependen los Informes Personales de Calificación - y a la postre el ascenso-, el complemento de dedicación especial (productividad) y la concesión de cursos, recompensas e incluso destinos.

El ministerio puede hablar de la supuesta seguridad9 del procedimiento, de la protección y borrado de los datos y también de las faltas y delitos en los que puede incurrir el personal implicado en el mismo, pero lo cierto es que un listado con los DNI´s de todos los socios estaría en un ordenador del mismísimo Ministerio de Defensa.

 

¿Cuáles pueden ser los motivos reales del ministerio para la fiscalización de socios?

Desactivar el creciente movimiento asociativo motivado especialmente por las bajas retribuciones y la funesta política de personal producto de la Ley de la carrera militar y su desarrollo reglamentario. Situación que apunta a una más que probable movilización en las calles de la capital.

ASFASPRO no facilitará dato personal alguno de sus socios, aunque suponga la expulsión de la asociación del Consejo de Personal, y ejercitará todas las acciones legales necesarias para combatir este procedimiento en caso de su entrada en vigor en los términos actuales.


1 Las asociaciones profesionales están fuera del Plan estratégico de subvenciones del Ministerio de Defensa y nunca han recibido subvención o ayuda económica alguna:

https://www.defensa.gob.es/Galerias/transparencia/Plan-estrategico-subvenciones-MINISDEF-2018-2020.pdf

Orden INT/1715/2013, de 18 de septiembre (BOE núm. 230, de 25 de septiembre), por la que se regula la concesión de subvenciones a las asociaciones profesionales de guardias civiles:

https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-9959-consolidado.pdf

https://elpais.com/politica/2017/01/24/actualidad/1485281195_991935.html

Sentencia del Tribunal Supremo 4901/2015:

http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/1dfcfb1e8c4c47c3/20151207

Sentencia del Tribunal Supremo 2171/2015:

http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/3ef3a59c0e9f0db7/20150529

https://www.eldiario.es/sociedad/Defensa-Teresa-Franco-investigada-Ejercito_0_821718107.html

http://www.lawyerpress.com/news/2013_07/3007_13_012.html

https://m.eldiario.es/politica/Ejrcito-asociaciones-militares_0_586542227.html

https://www.asfaspro.es/index.php/rss/item/2525-bloqueo-accion-asociativa-asfaspro

https://www.asfaspro.es/index.php/component/k2/item/2524-censura-en-la-carrera-del-ebro-2019

https://www.asfaspro.es/index.php/component/k2/item/2087-truco-trato-acuerdos-consejo-personal

https://www.asfaspro.es/index.php/component/k2/item/2558-audiencia-nacional-anula-instruccion-general-evaluaciones-ejercito-aire

https://www.asfaspro.es/index.php/component/k2/item/2300-tribunal-supremo-tumba-reglamento-invied-eludir-informe-consejo-personal

https://www.elmundo.es/espana/2019/03/11/5c865869fdddffea018b4687.html

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÍ.

Para responder a esta pregunta debemos consultar la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas y dos importantes sentencias1, una del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del año 2015 y otra del Tribunal Supremo del 2017.

El artículo 13 de la cita ley establece:

“1. El militar podrá ejercer el derecho de reunión, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión pero no podrá organizar ni participar activamente en reuniones o manifestaciones de carácter político o sindical.

Llega un nuevo Día de las Fuerzas Armadas con menos claros que oscuros -está siendo ya costumbre- y sin normalidad en el trato con los militares. No contamos en España con unas actitudes claras ante las cuestiones que afectan a la defensa nacional, y esto tiene su reflejo en la manera en que los diferentes gobiernos manejan el régimen del personal militar. Con mucha desgana.

Una muestra de ello es que el Día de las Fuerzas Armadas que se celebra en Sevilla el 1 de junio de 2019 constituye la primera ocasión en que un ministro de Defensa invita a asistir a este acto a las asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas. Es un hito, y queremos agradecer públicamente a la ministra Robles el haberlo hecho, porque lo lógico y habitual en otras instituciones es que las asociaciones profesionales estén presentes en este tipo de actos, como el Día de las Fuerzas Armadas o la Pascua Militar, en tanto que representan al personal. Igual que las asociaciones de jueces están presentes en la inauguración del año judicial, por ejemplo. Y así lo hemos hecho saber en alguna que otra ocasión.

El pasado día 23 de abril ASFASPRO y ATME organizaron una reunión de asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas con representantes de los grupos parlamentarios para que expusieran su programa electoral.

A la misma asistieron Dª Zaida Cantera de Castro del Grupo Parlamentario Socialista, D. Miguel Ángel Gutiérrez Vivas del Grupo Parlamentario Ciudadanos y D. José Julio Rodríguez Fernández representando al Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos (hoy Unidas-Podemos) así como las asociaciones profesionales APROFAS, UMT y AMTM, además de las organizadoras. El encuentro estuvo moderado por D. Emilio Andreu, periodista de Radio Nacional de España premiado con la Distinción Especial en los 56º Premios Ejército por su colaboración en la difusión de la cultura de Defensa.

DESPRECIO ABSOLUTO HACIA LA PROFESIÓN MILITAR

Quince meses después del inicio del estudio de la dignificación de las retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas, seguimos en la casilla de salida. Y no se ve el final del túnel. El pleno extraordinario del COPERFAS sobre retribuciones para lo único que ha servido ha sido para que el Ministerio dé la razón a las asociaciones sobre la gravedad de la situación de las retribuciones del personal militar de las Fuerzas Armadas, que es insostenible y que necesita con urgencia de un incremento.

A pesar de que ASFASPRO viene exponiendo el grave problema retributivo desde antes que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado iniciasen sus reclamaciones, parece que la Administración pretende asegurar la efectividad de las Fuerzas Armadas, menoscabando los derechos del militar.

Es preocupante que por un lado el Ministerio de Defensa venda como un logro las recientes mejoras en conciliación familiar y por otro habilite a los Cuarteles Generales a impedir su efectividad, permitiéndoles establecer nuevas condiciones para el ascenso que pueden menoscabar las primeras.

También es muy significativo que, casi cuatro años después de la modificación de la Ley de la carrera militar por la Ley 46/2015, de 14 de octubre, no se avance e incluso el Ministerio de Defensa no quiera debatir propuestas sobre el cumplimiento efectivo del artículo 62, en lo que se refiere a las condiciones de la promoción interna de los suboficiales.

Aunque es posible que se celebren dos plenos más del Consejo de Personal, la legislatura toca a su fin con importantes temas empantanados que no van a ser objeto de reales decretos ley o “viernes sociales”. La ya citada promoción interna, el pase a la reserva, las disposiciones transitorias de ascenso en la reserva y, especialmente, las retribuciones quedan, una vez más, a merced de la deriva política.

Mientras tanto, otros colectivos aumentan derechos y retribuciones.

 

El pasado sábado, 24 de Febrero, tuvo lugar en Zaragoza la XIII edición de la Carrera del Ebro. La competición, organizada por UNESCO ARAGÓN DEPORTE y la Brigada “Aragón I”, es la primera carrera cívico-militar de estas características en España. Pero además de tratar de fomentar esta unión de la sociedad civil con la milicia también promueve la solidaridad entre todos sus participantes y colaboradores al destinar el dinero recaudado a proyectos de ayuda humanitaria gestionados por la propia UNESCO ARAGÓN DEPORTE.

A esta cita no quiso faltar la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas, ASFASPRO, que comenzó conversaciones el 25 de septiembre con los organizadores de la prueba para formar parte del grupo de patrocinadores y colaboradores de la carrera. 

10/12/2018 -

Desarrollo, evolución, avance o mejora son sinónimos de progreso, inherente a la condición humana y a lo que entendemos por civilización en una de sus denominaciones más importantes. Por este motivo, en pleno siglo XXI, a nadie le debería extrañar que una asociación profesional defienda, precisamente, los intereses económicos, profesionales y sociales de sus socios o del colectivo al que pertenecen, sobre todo cuando hay pruebas contundentes de que están en grave riesgo o en constante retroceso. En el caso concreto de los suboficiales de las Fuerzas Armadas se da la triste paradoja de que las antiguas leyes de personal de los Ejércitos y la Armada, vigentes hasta el año 1989, nos otorgaban una mejor carrera profesional que las actuales. Disponíamos hasta entonces de buenos sistemas de promoción interna o, lo que es lo mismo, mayor reconocimiento y motivación, factores fundamentales en cualquier empresa o institución.

Ante esta verdad incómoda para los arquitectos de las Fuerzas Armadas del siglo XXI hay quienes se atreven a afirmar, con mucha simpleza y desprecio a la labor callada que los militares realizamos diariamente, que “el simple transcurso de los años” no puede suplir al mérito y la capacidad. Podemos estar de acuerdo, pero lo que no es de recibo es que, treinta años después del inicio del proceso de profesionalización, la carrera profesional de los suboficiales no es que no haya evolucionado, sino que ha retrocedido hasta niveles anteriores a la Ley Azaña. Aunque la realidad de la sociedad española es bien distinta a la de aquella época, no exageramos cuando efectuamos tal afirmación. ¿Por qué?

26/11/2018 - 

Madrid, 21 de noviembre de 2018

Estimado compañero:

Aunque seguramente te haya llegado con anterioridad alguna propuesta, artículo o informe elaborados por nuestra asociación profesional, quiero, en primer lugar, presentarme. Soy Miquel Peñarroya i Prats, subteniente de Artillería del Ejército de Tierra y presidente de ASFASPRO, la asociación mayoritaria de todas las registradas en el Ministerio de Defensa al amparo de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Nuestra asociación, cercana a los 5.000 socios, representa principalmente a suboficiales, pero también a alumnos de las academias y escuelas de suboficiales y a oficiales procedentes de suboficial.

La filosofía de esta asociación es similar a la de un colegio profesional, siendo nuestro principal objetivo la defensa de los intereses profesionales, económicos y sociales de nuestros asociados. Desarrollamos nuestra actividad conforme a la legislación vigente, respetando la más absoluta neutralidad en relación con la actuación de los partidos políticos y sindicatos.

Creo que a estas alturas ya no hace falta que te relate, porque los has sufrido en tus propias carnes, los muchos agravios y efectos negativos que desde el año 1989 la profusión legislativa en materia de personal ha causado a nuestra carrera profesional, a nuestra trayectoria vital y, sobre todo, a la dignidad que siempre hemos tratado de mantener como militares acostumbrados al cumplimiento de las misiones encomendadas, de manera escrupulosa y eficaz, ofreciendo incluso nuestra vida si fuese necesario. Sin embargo, esta singularidad de la profesión militar no ha servido para que los miembros de los diferentes grupos políticos que han formado parte de la Comisión de Defensa o del Gobierno de la Nación, hayan tenido la sensibilidad suficiente como para dotarnos de unas justas retribuciones o de una ley de personal con plena seguridad jurídica y un reconocimiento profesional acorde con los requisitos académicos y de trayectoria. Es evidente, por tanto, que las sucesivas autoridades del Ministerio de Defensa y la propia cadena de mando de las Fuerzas Armadas fallaron estrepitosamente en la defensa de los intereses profesionales de sus subordinados, a lo que estaban obligados en exclusiva hasta la aprobación de la ya mencionada Ley Orgánica de derechos y deberes, que otorgó esa responsabilidad, también, a las asociaciones profesionales.

Pero en esta ocasión no me dirijo a ti para comentarte estas circunstancias o hechos negativos de nuestro pasado reciente, sino para transmitirte mi preocupación, nuestra preocupación, por lo que consideramos una afrenta y una marginación de la profesión militar, que se está produciendo desde los poderes legislativo y ejecutivo de nuestra Nación, utilizando una doble vara para medir nuestro valor humano y profesional en relación con los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado –en las que también están incluidas las distintas policías autonómicas y locales– y otros servidores públicos. Esta cuestión no es baladí, pues de no corregirse puede significar que la consideración del militar profesional quede a los mismos niveles que tenía a comienzos del siglo XX. O sea, totalmente marginado y olvidado por la sociedad.

Seguro que a más de uno le puede parecer alarmista mi reflexión, pero la realidad de los hechos no hace más que fortalecerla. ¿Por qué? Por varias razones, entre algunas otras:

    • Porque la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional otorga a los subinspectores (categoría profesional similar a suboficial) la equivalencia al grado universitario y a los inspectores el nivel de máster, con una exigencia curricular bastante flexible y un elevado reconocimiento de su trayectoria profesional, circunstancias que no se dan en las Fuerza Armadas.

    • Porque la futura modificación de la Ley de Personal de la Guardia Civil incluirá que la obtención del empleo de sargento será equivalente al nivel académico universitario oficial de Grado y, casi con toda seguridad, otorgará a los miembros de la Escala de Cabos y Guardias la equivalencia al título de grado superior de FP, mientras que un sargento de las Fuerzas Armadas tiene que adquirir una doble titulación tras cursar tres años de academia y permanecer durante toda su vida profesional con el nivel educativo de técnico superior, independientemente de los cursos de ascenso o perfeccionamiento que realice.

    • Porque el reciente acuerdo de equiparación salarial de policías y guardias civiles con los miembros de las policías autonómicas, supondrá que cualquier recién egresado de estos cuerpos pase a cobrar a partir del año 2020 más de 1.000 € que un soldado, 600 € más que un sargento y 200 € más que un teniente de las Fuerzas Armadas.

    • Porque mientras se privilegia a los componentes de las policías autonómicas y locales con la aplicación de coeficientes reductores, que les permiten jubilarse anticipadamente a los 59 años con el 100% de la pensión, a los militares nos argumentan que nuestra solicitud de pase a la reserva con carácter voluntario al cumplir 58 años de edad “no está en sintonía con la corriente social de retrasar las edades de jubilación y eliminar las jubilaciones anticipadas”. Esta evidente contradicción se traduce en que nos toman por idiotas, porque es claro y patente que nuestra jornada laboral real puede llegar a duplicar a la de cualquier otro empleado público o privado y que la profesión militar conlleva la disponibilidad permanente para el servicio, constante movilidad geográfica, penosidad y peligrosidad en el adiestramiento o cumplimiento de las misiones y permanencia en zonas de operaciones, lo que en los ejércitos de nuestro entorno sí es tenido muy en cuenta a la hora de fijar el pase a la reserva o jubilación.

    • Porque ni policías ni guardias civiles sufren recorte alguno en sus retribuciones al cumplir 63 años de edad estando en situación de segunda actividad o reserva.

    • Por último, aunque no menos importante, porque todos los empleados públicos disponen de sistemas de promoción interna que tienen en cuenta el grado o la categoría profesional, la formación previa, la experiencia profesional o las titulaciones del sistema educativo general que aportan los aspirantes a promocionar, condiciones objetivas que el Ministerio de Defensa se niega a reconocer a los suboficiales o las limita hasta la ridiculez.

La realidad es muy tozuda compañero y aunque no queramos verla o tristemente miremos para otro lado, lo cierto es que la profesión militar corre un enorme riesgo de convertirse en algo marginal de la que algunos pueden llegar a decir, con la mala uva que caracteriza a ciertos sectores de la sociedad, que la ejercen “los que no tienen donde caerse muertos”. Ya sé que la mayoría de nosotros ingresamos en la Institución con un alto componente vocacional que prioriza valores tan importantes como el espíritu de sacrificio, la satisfacción del deber cumplido, el compañerismo, etc., pero hay un valor muy destacable que siempre debemos defender: la dignidad, personal y profesional, y esto es algo que deben tener muy presente quienes utilizan esa doble vara de medir cuando legislan con la tranquilidad de saber que los militares ni vamos a provocar algaradas callejeras ni cortes en las vías de comunicación o en las calles de nuestras ciudades.

Por todos estos motivos, es fundamental que los militares valoremos la urgencia del momento y tengamos muy en cuenta la posibilidad que nos otorga la Ley Orgánica de derechos y deberes para participar y colaborar en la configuración de nuestro régimen de personal a través de las asociaciones profesionales. Como prueba de la normalidad con la que venimos trabajando desde hace ya seis años, recientemente se ha registrado en el RAPFAS (registro de asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas) la primera asociación profesional exclusiva de oficiales de carrera, que será bienvenida al Consejo de Personal si verdaderamente tiene como objetivo la mejora de las condiciones profesionales, económicas y sociales del militar sin tratar de menoscabar a los suboficiales.

En consecuencia, no solo te pido que te asocies a ASFASPRO, aunque no voy a negar que me gustaría, sino que tomes conciencia de la situación y te des cuenta de que los militares no podemos convertirnos en ciudadanos de segunda ni en servidores públicos de tercera, por lo que es importantísimo que aumentemos cuanto antes nuestro grado de representación ante la propia Administración, instituciones y grupos políticos, para que nadie pueda acusarnos en el futuro de que nuestra inacción o pasividad fueron las causantes del desprestigio de la profesión militar y de la pérdida del bienestar de nuestras familias. Recuerda, no nos importa la actitud de aquellos que nos insultan, marginan o desprecian, sino el silencio de los que no hablan.

Asociarse a ASFASPRO es muy fácil y actualmente puedes disfrutar de importantes ventajas si lo haces antes del 31 de diciembre de 2018. Básicamente, si necesitas apoyo jurídico y disponer de distintos seguros y ayudas, la cuota integral es de 60 € anuales (5 € al mes). En el caso de que por tu situación profesional o circunstancias personales consideres que no necesitas estos servicios, puedes elegir una cuota básica de 10 € anuales.

 

Para mayor información:

www.asfaspro.es

Asociarse

Tfno. de contacto Administración y altas: 673 969 530

 

Sin otro particular, recibe un cordial saludo.

Miquel Peñarroya i Prats

Presidente de ASFASPRO

 

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