Las tres asociaciones se niegan a mercadear con las retribuciones para el personal militar a cambio de vagas mejoras en el terreno de los derechos asociativos que ofrece el Ministerio de Defensa.

Madrid, 21 de marzo de 2022.

El Ministerio de Defensa niega el diálogo a las asociaciones profesionales; ASFASPRO, ATME y UMT no ven motivos para blanquear a la ministra Robles y rechazan asistir al pleno de marzo del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.

El Ministerio de Defensa, en lugar de procurar que los militares tengan unas retribuciones dignas, mira para otro lado. Tras las solicitudes de reunión con la ministra y el gesto de las asociaciones en diciembre, los únicos movimientos del Ministerio de Defensa se han limitado a la presencia de la subsecretaría de Defensa, Amparo Valcarce, en la Comisión de Trabajo para la reforma y desarrollo de la Orgánica de Derechos y Deberes (LODD) de los miembros de las Fuerzas Armadas tras la que anunció tímidas medidas para potenciar el asociacionismo, y a una llamada telefónica de la ministra, Margarita Robles, a los presidentes de las asociaciones a quienes insistió en lo mismo.

Esto no es suficiente, enseñar la zanahoria de hipotéticas subvenciones, créditos horarios y otros medios para las asociaciones no puede significar que las Asociaciones Profesionales Militares se replanteen las acciones que llevan tomando desde hace ya muchos meses para defender los legítimos derechos profesionales y retributivos de los militares.

La negativa tajante por parte de la ministra Robles a no presentar ningún tipo de proyecto de mejora en la Carrera de los Militares, así como la negativa a presentar cualquier tipo de proyecto de subida retributiva en el presente o escalonado en el tiempo, bajo la excusa de que el Ministerio de Hacienda no lo aprobaría, e incluso la negativa a reunirse con las asociaciones mientras que no tenga nada que poner encima de la mesa, solo puede significar el enquistamiento de la situación y el menosprecio por el trabajo realizado por los militares.

La pésima gestión de personal de la ministra Robles sigue colmando la paciencia de ASFASPRO, ATME y UMT al ver que sus demandas son una y otra vez ignoradas, por lo cual han decidido no asistir al pleno del COPERFAS de marzo y valoran volver a reivindicar sus demandas laborales y retributivas a través de próximas manifestaciones y concentraciones en la calle.

Las más que necesarias mejoras del modelo de carrera militar, derechos profesionales y la imprescindible subida retributiva, reconocida por todo el arco parlamentario, no pueden ser mercadeadas a cambio de unas presuntas dádivas para las asociaciones militares. Los militares no pueden continuar siendo los servidores públicos peor retribuidos y con el futuro profesional menos esperanzador de toda la Administración Pública.

Los militares están constantemente trabajando tanto fuera como dentro de nuestras fronteras, desde la lucha contra el COVID-19, incendios, inundaciones o nevadas hasta misiones internacionales contra la piratería, de la OTAN o donde el Gobierno considere necesaria su actuación, incluso en zonas de guerra.

Los militares garantizan la seguridad colectiva frente a la amenaza externa con su disponibilidad permanente para el servicio a todos los ciudadanos, sin importar cuándo y dónde, y con la obligación de entregar la propia vida en caso de ser necesario. Y esto no puede ser a cambio de una nómina mileurista. Es por ello que, tanto su sacrificio como el que deben realizar sus familias, deben verse compensados con unas condiciones profesionales y salariales justas y acordes a los tiempos que corren.

BASTA DE DESPRECIOS, BASTA DEL ABANDONO DE LOS MILITARES.

ASFASPRO, ATME y UMT señalan que el aumento del presupuesto no puede ir destinado exclusivamente a la inversión en programas de armamento y empresas del sector, mientras la mayoría de los militares reciben sueldos paupérrimos y sufren condiciones laborales que dejan mucho de desear.

Madrid, 17 de marzo de 2022.

La invasión rusa de Ucrania ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con unas Fuerzas Armadas mejor dotadas para defender eficazmente a nuestra sociedad. Se ha constatado que el gasto en Defensa es más una inversión de futuro que un gasto superfluo, siendo necesario invertir en sistemas de armas modernos, en infraestructuras adecuadas y en dotar al personal que los maneja de una carrera atractiva que garantice contar con un personal capacitado y motivado. Con los sueldos de miseria actuales, los peores de la Administración, no será posible mantener la eficacia en las Fuerzas Armadas.

El presidente del Gobierno ha anunciado un aumento de varios miles de millones para elevar el gasto en Defensa al 2% del PIB, como viene preconizando la OTAN desde hace lustros. Esto es positivo porque nuestras Fuerzas Armadas llevan décadas infrafinanciadas. Ahora bien, a las asociaciones profesionales nos preocupa el reparto porque debe alcanzar el equilibrio entre la mejora de los medios materiales y los humanos.

Las inversiones en Defensa siempre generan empleo, tanto de forma directa como indirecta, con lo que se va a obtener un beneficio social; sin embargo, también la gestión del personal militar tiene necesidades acuciantes que deben dotarse de presupuesto para su solución:

• Mejorar el sueldo de los militares, de los trabajadores militares de las Fuerzas Armadas. Esta nomenclatura es importante porque, desde posicionamientos ideológicos diversos, se tiende a que sean palabras que no casan: para unos los militares no son trabajadores, por ello no tienen derechos a un salario ajustado a su desempeño, y, para otros, el ser militar es incompatible con una retribución porque el honor de servir es suficiente compensación. Ambas posiciones están alejadas de la realidad: los miembros de las Fuerzas Armadas son unos profesionales formados que dominan su trabajo y deben ser retribuidos de forma digna y equiparable a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Lo que no sucede en 2022.

• Muy relacionada con la falta de retribuciones adecuadas está la falta de atractivo que tiene la carrera militar: espíritu de sacrificio, mucha exigencia, pero poca retribución con que mantener a la familia. Es imprescindible dotar de atractivo a la profesión militar, que tenga unos sueldos competitivos, para que ingresen o no se marchen los mejores. Lo contrario significa que solo entre en filas aquel que no encuentre nada más y, esto, es muy poco halagüeño.

• Un mayor reclutamiento permitirá una mejor conciliación de la vida profesional, personal y familiar de los militares. Actualmente, las numerosas misiones y la falta de personal impiden, en muchas ocasiones, el suficiente descanso. La explotación laboral no debe ser permitida ni en el ámbito civil ni en el militar.

• Es necesario invertir en medidas que mejoren la seguridad y salud en el desarrollo de la actividad de las Fuerzas Armadas. La prevención de riesgos laborales requiere de sistemas y material modernos.

• Otro campo que necesita inversión es la sanidad militar, puesto que su mejora, como se ha visto con la crisis del COVID-19 revierte en toda la ciudadanía.

• Naturalmente, también urge la mejora de las infraestructuras, especialmente de los alojamientos logísticos tan necesarios para una profesión que exige una constante movilidad geográfica. Movilidad geográfica que sigue sin retribuirse y compensarse adecuadamente.

En definitiva, las Fuerzas Armadas necesitan la inversión anunciada; pero sin marginar ni olvidar, en ningún caso, las necesidades del personal militar. El valor más importante de las Fuerzas Armadas es el humano, ya que sin soldados no hay ejército y, sin este, no hay defensa. Es necesario tener un personal preparado, capacitado y motivado para cumplir con la misión de defender a nuestra sociedad y a nuestros conciudadanos.

Retribuciones dignas para los profesionales militares.

Como en anteriores plenos y debido a la situación sanitaria originada por el COVID-19, se celebró en formato reducido, cinco representantes ministeriales y cinco representantes de las asociaciones con representación en el Consejo. Presidido por la Subsecretaria de Defensa, asistieron la Directora General de Personal Militar (DIGENPER), el Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (DIGEREM), los Mandos de Personal de los Ejércitos y la Armada, y cinco representantes de las asociaciones profesionales.

Además, a la primera parte del pleno asistieron los representantes de las asociaciones de retirados y de personal con discapacidad.

En línea con plenos anteriores, los mandos de personal continuaron en la senda del rechazo de cualquier progreso y, más aún, negando la realidad de los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, todo ello amparado por una Subsecretaria de Defensa que ha abandonado los objetivos que la Ley de derechos y deberes establece para el Consejo de Personal. Prueba palpable es que la Subsecretaria de Defensa ni siquiera admitió los ruegos y preguntas presentados por las asociaciones en el pleno, tan solo se comprometió a responder por escrito a algunas de ellas y otras las pasó a las comisiones de trabajo.

Si te dicen que grité no fue por la turbulenta demostración asociada al militar de Netflix sino por la turbada preocupación del honorable soldado que es ninguneado, mentido y humillado una y otra vez por aquellos que deberían defenderle, por un ministerio desde el que los responsables de su bienestar expectoran excusas en pago a su dedicación. Una gestión de personal dirigida desde cálidos presepios, llena de lustres y deshonestas arengas. Mas de tres lustros en los que los hechiceros del bienestar nos riegan con fallidos sortilegios que pretenden servir de burundanga presentada en cáliz de cobre a los representantes de las asociaciones. 

El consejo de personal es un instrumento de la Ley de Derechos y Deberes adulterado, amañado y fraudulento en el cumplimiento de sus obligaciones democráticas. El pozo negro en el que las iniciativas de las asociaciones se descomponen por efecto bacteriano del bloqueo arbitrario de los que tienen que actuar.

Como en anteriores plenos, y debido a la situación sanitaria originada por el COVID-19, se celebró en formato reducido, cinco representantes ministeriales y cinco representantes de las asociaciones con representación en el Consejo. Presidido por la Subsecretaria de Defensa, asistieron la Directora General de Personal Militar (DIGENPER), el Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (DIGEREM), los Mandos de Personal de los Ejércitos y la Armada, y cinco representantes de las asociaciones profesionales.

Otro pleno más en el que se aprecia la línea continuista de las autoridades ministeriales para no acometer reformas de calado en las políticas de personal que afectan muy negativamente a los miembros de las Fuerzas Armadas. Y es que el ministerio sólo acepta acuerdos relativos a “estudiar” determinadas situaciones propuestas por las asociaciones.

La Audiencia Nacional, estimando el recurso contencioso presentado por ASFASPRO, ha anulado por no ser conforme a Derecho la Directiva 4/20 del JEME “Concurso de méritos para la provisión de puestos en el Ejército de Tierra”. Además de la falta de información del proyecto normativo al Consejo de Personal el ministerio no ha seguido en absoluto el procedimiento sobre iniciación, elaboración y tramitación de los expedientes normativos.

Lo acontecido con las vacantes asignadas durante la vigencia de la Directiva 4/20 es inatacable, pero una vez que la sentencia adquiera firmeza, será nula para futuras provisiones de puestos, permaneciendo en vigor la Directiva 4/11 hasta que el ministerio no tramite y publique correctamente una nueva norma.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha establecido que el accidente “in itinere” -desplazamiento entre el domicilio y el lugar de trabajo- de un funcionario público es consecuencia del servicio a efectos de percibir la pensión extraordinaria (200%) de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio.

El Tribunal Supremo ha dictado dos sentencias en las que reconoce el derecho al cobro de una pensión extraordinaria a un funcionario de prisiones y a una guardia civil, tras ser denegada por la Audiencia Nacional por considerar que los accidentes no fueron en el lugar y tiempo de trabajo.